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Lima, lunes 22 de octubre del 2018

LIBRO

"Robo al Banco  Nuevo Mundo"
La verdad sobre la persecución a  la Familia Levy

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La impredecible justicia en el Perú

BNM era una sociedad anónima constituida en el Perú por personas naturales y jurídicas regida por la Ley General de Sociedades y por la Ley de Bancos e Instituciones Financieras.

Ante la ilegal intervención y la ilegal liquidación nuestras primeras acciones fueron administrativas pero muy pronto pasamos a la defensa en el fuero judicial.

Dos abogados amigos, Alberto Borea y David Cunza, propusieron interponer una Acción de Amparo.

Procedimos luego a interponer varios juicios. El primero por daños y perjuicios con una cautelar que nos permitió reingresar al banco, a través de interventores judiciales, impidiendo asi la transferencia ilegal al BIF y evitando que el Estado peruano desembolse indebidamente 200 millones de dólares por un supuesto faltante que BNM tenía.

Mientras esto ocurría Toledo juraba como Presidente del Perú y nos ofrecieron corregir esta injusticia. Se abría una esperanza.

A los pocos días del nuevo gobierno, la SBS y el superintendente Cortavarría, revirtieron nuestra cautelar y retomaron la administración del intervenido BNM. Lo que buscaban era proseguir con su plan de transferir nuestra cartera al BIF junto con los 200 millones de dólares en bonos del Estado. A estas alturas no quedaba duda del poder que tenía el ejecutivo a través de la SBS sobre los jueces.

Sin embargo al retirarse el BIF la SBS envió el banco a la liquidación. Cortavarría salió de escena. Su misión durante casi 12 meses y durante 3 gobiernos había concluido. Juan José Marthans, el nuevo Superintendente, que había declarado, al momento de la intervención y mientras era profesor universitario, técnica y desinteresadamente, que dicha intervención era inapropiada, cambió de opinión y se alineó contra BNM y sus accionistas. Adoptó entonces una posición ilegal; lo técnico dejó de prevalecer. ¿Seguía consignas políticas?

Interpusimos en la Corte Suprema un juicio contencioso administrativo de nulidad de acto jurídico, es decir, precisamos que la liquidación no era válida. Además interpusimos un amparo ante el Poder Judicial ya que nuestro patrimonio había sido ilegalmente reducido a cero eliminando nuestra condición de accionistas intentando mermar nuestra representación jurídica.

Al no contar con la información de lo que hacía la Superintendencia y evidenciando una serie de actos dolosos carentes de sustento técnico, interpusimos un Habeas Data requiriendo la información.

Por su parte la SBS coludida con los acreedores de NMH tenían un objetivo claro: Que la cartera de créditos del BNM fuera absorbida por el BIF para ser pagados.

Era evidente que creían en lo que les indicaban las autoridades. Ambos, los acreedores de NMH y las autoridades, optaron por denunciarnos penalmente.

Mientras nosotros luchábamos por nuestro patrimonio –en lo civil- ellos atacaban en la vía penal y nos trataban como delincuentes.

En lo civil tuvimos éxito con el Amparo y en el 2004 se nos reconoció como accionistas. Ese mismo año logramos el Habeas Data en el Tribunal Constitucional con información valiosa que pretendimos usar ante la Corte Suprema en el caso de la nulidad de liquidación. En la misma Corte Suprema logramos una cautelar que paralizaba la liquidación. Esta fue desacatada y siguieron liquidando. Haciendo, la SBS, caso omiso a las órdenes judiciales se evidenció la debilidad del Poder Judicial sobre el Ejecutivo.

En Agosto del 2006 el juicio de Nulidad de la Liquidación estaba en la Corte Suprema. Creímos haber explicado a los vocales esta aberración y que nos darían, por lo tanto, la razón. Pero Alan García, que acabada de jurar su segundo mandato, declaró desde Palacio de Gobierno en conferencia de prensa: “Si el Estado pierde este juicio el Perú quiebra”.

Igual hizo la Presidente del Congreso, Mercedes Cabanillas. Ambos informaban cosas totalmente falsas ante la opinión pública. Decían, por ejemplo, que el juicio había empezado en el cono norte, en un juzgado “arreglado” cuando en verdad había sido interpuesto en la Corte Suprema como corresponde a un juicio contencioso administrativo. Al mismo tiempo los sueldos del Poder Judicial se habían puesto en juego y estaban siendo rebajados. El Presidente de la Corte Suprema, Dr. Walter Vásquez Vejarano, señalaba que la presión que se vivía era mayor que en la época de Fujimori. Días más tarde votaban 5 a 0 en contra nuestra.

Después de seis años de litigo no había camino ni cierto ni previsible. La justicia en el Perú había entrado en un extraño hueco negro. El estado de derecho había sido vulnerado una vez más por la interferencia del Ejecutivo.

Un año más tarde un nuevo golpe nos impactaba: un terreno de las empresas de mi padre de 200 hectáreas era ilegalmente declarado intangible por Alan García. La persecución era evidente. Mientras la declaración del Presidente nos sorprendía, mi padre sufría un inesperado derrame cerebral. García pensó que su abuso no tendría consecuencias.

Mi hermana, titular de la inversión de mi padre y la familia, vió con claridad que en el Perú no había camino legal posible y que sólo nos quedaba la instancia internacional.

La liquidación era una pieza muy importante para entender todo lo ocurrido.

Con la colaboración del Dr. Enrique Ghersi, y un equipo de abogados de su estudio, logramos que un juez de Primera Instancia nos otorgue, por homologación con la resolución de Habeas Data del Tribunal Constitucional, la información solicitada.

La SBS desacató este fallo judicial por ocho meses mientras apelaban y dilataba esta decisión judicial en la Corte Superior. Esta conducta ha seguido hasta hoy. Con esa actitud abusiva y sospechosa la SBS no ha permitido conocer qué fue lo que realmente pasó con cientos de millones de dólares de la cartera del BNM y cómo actuaron los liquidadores.

En lo penal nos abrieron múltiples procesos en diferentes salas; con impedimento de salida del país y con el auténtico riesgo de encarcelarnos. Fuimos torturados psicológicamente, amedrentados judicialmente pero nunca depusimos nuestras pretensiones legítimas. Lo contrario hubiera ocurrido si hubiésemos sido culpables.

Así, en un lapso breve y mientras se nos imponía la negociación con el BIF, la SBS inició acciones penales en simultáneo en el 6º, 17º, 37º, 41º, 8º, 28º, 33º, 21º, 42º juzgados penales y el 10º fiscalía penal. Se imputaban diversos delitos como estafa, falsedad de información, intermediación financiera no autorizada, omisión, resistencia a la autoridad, contra el orden financiero y monetario, entre otros. Se evidenciaba un deseo de demoler, abrumar y generar un ambiente enrarecido ante la opinión pública. Los medios, siempre dispuestos al amarillismo, recurrían al reportaje o la nota sencilla repitiendo los argumentos ilegales de las autoridades. Cada vez que una causa estaba al voto aparecían las personas de la la tercera edad denunciando haber perdido su única fuente de sustento a manos de estafadores. La consigna era clara: o entregábamos dócilmente el banco o nos íbamos a la cárcel.

A mediados del 2008 la Cuarta Sala Especializada en lo Penal de Lima para Reos Libres ordenó el archivamiento definitivo de estos juicios por no haber mérito. Se nos declaró inocentes de todos los cargos. El juicio había terminado en su última instancia y por lo tanto este caso pasaba a la categoría de “cosa juzgada”.

Sorpresivamente, en Marzo del 2009, se presentó un recurso de queja a un juez por parte de una persona no constituida en este proceso el mismo que fue aceptado ilegalmente, subiendo a la Corte Suprema no como incidente sino con el expediente completo. Es decir, lejos de cumplirse la orden de archivamiento por ser “cosa juzgada” ahora la causa iba a la Corte Suprema y potencialmente podía volver a activarse. Una “espada de Damocles” pendía sobre nuestras cabezas otra vez. Lo ilegal era convalidado. El mundo era al revés; la ley en el Perú no era para nosotros. Sin independencia de poderes; sin estado de derecho y con jueces prevaricadores todo era penumbra.

Documentos probatorios