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Prólogo

En la sala del Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, se sellaron, en la última década del siglo pasado, los destinos de muchos de los que eran, hasta ese momento, personajes de la vida pública nacional.

Congresistas de la República, Ministros y Viceministros de Estado, Fiscales y Jueces, Alcaldes Provinciales y Distritales, empresarios nacionales y extranjeros, periodistas y dueños de medios escritos, radiales y televisivos, artistas y militares, todos desfilaron en busca de prebendas, en una de las tragedias morales más tristes que recuerda la historia de nuestro país.

No había persona, que se reputara con poder, que no intentara pasar por allí para negociar más poder o más dinero. La sociedad limeña, con frecuencia frívola, estaba dividida entre los que iban a la “salita del SIN” y los que no gozaban de ese “privilegio”.

Desde allí se negociaba todo. Desde dinero por dinero, hasta sentencias a la medida, pasando por defunciones de rivales políticos incómodos y operaciones para liquidar competidores financieros amenazantes del statu quo. Al SIN no sólo llegaron personajes de farándula o seres diminutos en busca de migajas de poder sino además representantes de grupos económicos antiguos y poderosos para quienes el propio Vladimiro Montesinos era sólo un ave de paso.

El Robo al Banco Nuevo Mundo no es una novela. Aquí no hay lugar para la ficción. Este es el relato y la exposición de pruebas del despojo y la persecución más escandalosa en la historia financiera del Perú a manos de funcionarios y políticos dirigidos por grupos económicos y religiosos poderosos.

Las siguientes páginas no revelan nada desconocido, no mostramos pruebas ni testimonios nuevos, nada de lo que aquí leerá es secreto. Por el contrario, todos los documentos son públicos y algunos de ellos tienen más de una década. Ninguno es más importante que otro porque todos prueban lo ocurrido. Las declaraciones, los informes, las auditorías, las cartas, las denuncias y toda la información termina siendo prueba plena.

Los hechos que aquí consignamos por sí solos son inverosímiles.

¿Por qué?

Porque parece imposible que un banco, que durante 8 años se maneja con ratios de eficiencia y crecimiento, ocupando el sexto lugar en la banca nacional y con informes satisfactorios de la propia Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), repentinamente, caiga en iliquidez.

Porque parece inconcebible que el Estado, sabiendo de una campaña sospechosa de correos electrónicos destinada a ahuyentar a los ahorristas y en medio de una crisis del sistema financiero y político, lejos de fortalecer a la institución ordene retirar en cuestión de horas decenas de millones de dólares, pertenecientes a entidades estatales, de sus depósitos sin explicación.

Porque el Banco Nuevo Mundo se encontraba en medio de la adquisición de otro banco local, el Banco Financiero, compra que contaba con el respaldo del Bank of America de los Estados Unidos lo que demostraba no sólo la solidez, sino la expansión en la que estaba empeñado.

Porque Apoyo y Asociados Internacionales SAC y Class Asociados, prestigiosas clasificadoras de riesgo, habían elaborado informes que mostraban la saludable situación financiera, al punto que la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) había autorizado la emisión de bonos tipo A y A+ y el listado en bolsa.

Porque producida la intervención se subvaluó la cartera de 800 millones de dólares asignándole un valor de transferencia negativo de menos 200 millones de dólares, aplicando criterios arbitrarios para desmerecer los valores de las garantías de los préstamos y jamás efectuando una valorización como correspondía.

Porque de manera repentina ordenaron la liquidación sin convocar una junta de acreedores, sin valorizar los activos y vulnerando todos los códigos y las leyes relativas a sociedades y entidades financieras.

Porque producida la liquidación y nombrados dos liquidadores, una subsidiaria del Banco de Crédito e Interbank, y concluido el trabajo de estos, se escondió la información del proceso de liquidación no obstante haber sido requerida hasta por los tribunales y vulnerando la ley de acceso a la información, información que hasta el día de hoy no se quiere mostrar.

Porque existe un Vladivideo, de fines de 1999, en el que Carlos Alberto Boloña Behr, en ese entonces Ministro de Economía, dice textualmente: “los bancos chiquitos, lo más antes posible que se fusionen, que se junten y alguien los compre y salimos con las arcas grandes y no nos crean problemas” lo que prueba una maniobra desde la infame “salita del SIN” en contra de esta institución del sistema financiero.

Porque en el año 2001 y 2004 el Congreso de la República en sus comisiones de Delitos Financieros, de Economía y de Fiscalización señaló que habían “graves irregularidades en la intervención del Banco Nuevo Mundo” pero a pesar de ello el poder ejecutivo no hizo absolutamente nada para aclarar y reparar el inmenso daño causado.

Porque el Presidente Alan García declaró, en Agosto del 2006, que si la Corte Suprema ordenaba el pago de una indemnización por lo ocurrido, el Estado quebraría. El Superintendente de Banca y Seguros de aquel entonces, Juan José Marthans León, hizo lo mismo. Ambos vulneraron, con sus declaraciones y acciones, el estado de derecho promoviendo la interferencia de poderes y reiterando la acción ilegal del Estado.

Porque no sólo fue el banco, y los patrimonios afectados, sino que el ataque escaló hacia una familia que había sido un ejemplo de trabajo para convertirla en una paria.

Lo ocurrido en la última década es grave. Los hechos demuestran abuso y una intensión de apropiarse de un patrimonio bancario valiéndose para ello de la destrucción de otro más valioso: el moral.

La comunidad judía a la cual pertenecíamos nos expulsó a través de un proceso cuyo tribunal nunca buscó la verdad y, muy por el contrario, sólo se formó –sin autoridad- para sentenciarnos, siguiendo una vergonzosa consigna. Dicha consigna había sido creada por influyentes miembros que eran a su vez importantes deudores del Banco. Tan injusto e ilegítimo fue el proceso que poco tiempo después fue invalidado por una Corte Rabínica en Israel con el aval escrito de Mordechai Tzemach Eliyahu, Gran Rabino de Israel y máxima autoridad religiosa sefardí en Israel. Los rabinos de Israel castigaron a los locales por estos despropósitos.

A la excomunión sucedieron acciones violentas contra personas de nuestra familia. Mis sobrinos fueron obligados a dejar sus colegios por el ambiente enrarecido que se había generado. Mi padre, fundador del Banco, hombre respetado y respetable hasta los 85 años, patriarca de la familia y dueño de la inversión en el país, fue impedido de ser enterrado según los rituales judíos cuando falleció a los 93 años. La familia Levy ha sido cuestionada moralmente por más de una década. Hemos padecido y padecemos injustamente el ostracismo social y religioso.

Por si todo esto fuera poco, un amplio terreno de 200 hectáreas en la Costa Verde, comprado por las empresas de mi padre en una licitación pública al Estado Peruano, por 5 millones de dólares al contado en 1995 y habilitado con todos los permisos y licencias fue declarado, ilegalmente, como intangible. Sólo para tener una idea del daño causado, esa propiedad vale hoy entre dos mil a cuatro mil dólares el metro cuadrado. El Presidente Alan García declaró sorpresivamente que esta era una zona donde se había peleado la Guerra del Pacífico.

Quizá el Presidente confundió nuestros terrenos con el histórico Morro Solar –poblado de antenas- pero su sola declaración paralizó hasta hoy cualquier uso, disposición o aprovechamiento de este bien inmueble adquirido legítimamente.

El Instituto Nacional de Cultura (INC) emitió más de 35 Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos, CIRA, y el Ejército Peruano a través de sus historiadores certificaron que en ese terreno nunca se peleó episodio alguno de ninguna guerra.

De poco sirvió que los especialistas y los eruditos opinaran señalando que los argumentos eran banales porque en el Perú cuando habla el Presidente los demás se callan y obedecen.

Es curioso que mientras todos los países hacen esfuerzos por atraer capital extranjero o inversiones locales, en nuestra patria se ahuyenta, se castiga y se ataca a los que confían en el estado de derecho.

En los últimos 10 años han robado al banco de la familia y ahora nos roban, en la práctica, la propiedad de mi padre y de mi hermana Renée Rose Levy. Por eso decidí escribir este libro, porque no se debe aceptar el atropello.

Este es el testimonio de nuestro periplo inaudito. Jamás a pesar de todo lo ocurrido dejamos de tener fe. Nuestro padre nos enseñó a creer en la verdad y esperar siempre la justicia. Han pasado 10 años y seguimos de pie.

Si cada parte es una prueba del delito, ver todo es ser testigos de un crimen. Porque cuando nos alejamos del hecho puntual y vemos el conjunto, cuando damos un paso atrás para reconocer el escenario, cuando unimos las huellas que el tiempo no puede borrar, entonces la perspectiva escarapela, sacude y, por momentos, duele.

Lo arbitrario y lo abusivo tarde o temprano revelan al ser humano. El atropello indigna siempre. El latrocinio cuando además viene de la autoridad y del poderoso perturba.

La infausta salita del SIN no fue en realidad el lugar donde se originó esta perniciosa operación. Hay poderosos que manejan tras bambalinas el verdadero poder. Hay que señalarlos porque ese es un deber moral.

La presente obra recoge un episodio de la historia de nuestro país que nunca debió ocurrir porque no nos pone en la perspectiva de un país correcto sino, muy por el contrario, nos devalúa y envilece. Las autoridades y los políticos deben entender que el Estado es permanente y que los gobiernos y ellos son pasajeros. Pero este libro es, también, una nueva apuesta por y para el Perú, porque ni nos derrotaron, ni nos destruyeron y porque la verdad y la justicia vencerán.

Jacques Levy Calvo

Lima, Junio 2011